Califican de discriminatoria a la ley de glaciares

Califican de discriminatoria a la ley de glaciares aprobada

Fecha de Publicación: 19/07/2010
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional


Para las mineras, el proyecto sancionado en Diputados tiene términos confusos y prohíbe la actividad en amplias zonas del país.
Empresas mineras agrupadas en Gemera cuestionaron el proyecto de ley de glaciares aprobado en general en la Cámara de Diputados, al calificarlo de "discriminatorio" y dijeron que busca "prohibir la minería en amplias zonas del territorio argentino, incluso, avanzando sobre áreas con fuerte actividad petrolera".
"La ley sobre protección de los glaciares que tiene media sanción legislativa presenta una serie de términos confusos donde no se define bien el término glaciar ni siquiera el término periglaciar", apuntó Gemera.
A través de un comunicado firmado el presidente, vice y secretario de la entidad, Julio Ríos Gómez, Mario Hernández y Facundo Huidobro, Gemera expresó en que "se debe insistir en aclarar que la reserva de agua dulce más importante está constituida por los acuíferos subterráneos coincidentes con áreas planas, donde en general no se realiza actividad minera".
"Entendemos que el marco legal vigente protege los recursos naturales, en especial el agua y que las provincias dueñas de tales recursos los administran de manera responsable y sustentable", señalaron las empresas.
Además, indicaron que "un ejemplo de ello son las evaluaciones de impacto ambiental de cada proyecto minero con el suficiente detalle y rigurosidad científica dando participación a entidades provinciales y nacionales como el Instituto Nacional del Agua (INA)".
Este sector empresarial aclaró que "en los ciclos climáticos de humedad-aridez y calidez-glaciación que ha sufrido el planeta desde el inicio de su existencia hace variar el tamaño y espesor de los glaciares".
También, recalcaron que "los emprendimientos mineros ubicados en áreas cercanas o lejanas a glaciares poseen sus políticas de reducción de consumo de agua fresca (agua obtenida de ríos o acuíferos) y que el caudal procesado en su metalurgia corresponde a caudales recirculados en su mayoría (70% a 95%), y el resto es agua fresca".
"Esto ha llevado a la confusión del uso del agua por lo que se considera que el 100% del agua usada diariamente en los procesos metalúrgicos sea fresca, nada más alejado de la realidad por la recirculación de la misma", añadieron.
Y, remarcaron que "sólo se agrega agua fresca para compensar las pérdidas por evaporación y el resto es usada para campamentos en consumos de hotelería o uso humano".
El grupo de empresas Gemera manifestó que en "la ley con media sanción figuran como actividades prohibidas de realizar la exploración y explotación petrolera y minera en el ámbito que pretende proteger esa norma, lo cual es claramente discriminatorio ya que excluye dichas actividades "per sé", sin considerar la posibilidad de que las mismas pueden ser realizadas, como de hecho ocurre, de manera sustentable".
Por otra parte, señalaron que "técnicamente en la actualidad no existe explotación petrolera posible en zonas de glaciares en Argentina" por lo que consideraron que "la norma aprobada está claramente destinada a prohibir la minería en zonas donde la naturaleza ha concentrado los metales en forma económicamente explotable".
Al respecto, sostuvo que "el uso del término periglaciar (usado en forma ambigua) puede afectar seriamente a la actividad petrolera, ya que en muchos casos los yacimientos actualmente en producción en el sur del país y zonas a explorar, cumplen con la condición que se pueden encuadrar como áreas congeladas en algún momento del año".
El jueves, el proyecto de ley de protección de glaciares sólo fue aprobado en general por la Cámara de Diputados y hasta el artículo 5 de los 17 que cuenta la propuesta.
La iniciativa -que resultó de una negociación entre el ex kirchnerista Miguel Bonasso y el diputado del Frente para la Victoria Daniel Filmus (aunque luego el oficialismo pidió un tiempo para analizar el referido consenso)- fue aprobada en general por 129 votos afirmativos contra 86 del oficialismo.

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