Investigan en Pacará Pintado
14:19 | 
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Eco Sitio |
La Justicia Federal también investiga en Pacará Pintado
Fecha de Publicación: 08/06/2008
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Preocupa que haya una posible contaminación de cauces afluentes a la cuenca Salí-Dulce. Racedo ordenó dos allanamientos ante la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos.
En 2004, en relación con la elección de Pacará Pintado para instalar una planta de tratamiendo de residuos, el Instituto de Geociencias y Medio Ambiente de la UNT había efectuado una seria advertencia. “El terreno escogido para repositorio de la basura presenta riesgos severos de inundación fluvial y riesgo grave de contaminación hidroquímica del río Salí”, alertaba.
El proyecto original era la producción de gas
En un predio que se iba a utilizar para la producción de gas hoy se arrojan 700 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos.
En el año 2000, la empresa canadiense Conestoga, Rovers & Associates (CRA World) fue la responsable del desarrollo del proyecto de Pacará Pintado, cuyo objetivo inicial era la implementación de un proyecto de investigación sobre la disminución de gases que provocan el efecto invernadero (GHG) en los países del Tercer Mundo. El proyecto sería desarrollado en dos años y preveía la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos con dos bioceldas productoras de gas metano. Para ello, el grupo empresario contaba con un aporte de U$S 1,2 millón que cedió el gobierno canadiense a través de sus diversas agencias de preservación del medio ambiente.
Con el tiempo, Pacará Pintado comenzó a recibir la basura proveniente de los municipios de Banda del Río Salí y de Yerba Buena. Pero en 2004, cuando la Justicia ordenó la clausura de la planta que la empresa 9 de Julio explotaba en Los Vázquez, el predio comenzó a recibir las más de 400 toneladas diarias de basura proveniente de la capital. Luego, se sumaron los desechos de Las Talitas y de Lules.
El Gobierno provincial asistió con $ 500.000 a la empresa Servicios y Construcciones La Banda para que realizara las inversiones necesarias en el predio de 12 hectáreas y le otorgó un apto ambiental hasta junio de 2007. Vencido ese certificado, en marzo de este año la Dirección de Medio Ambiente le concedió una prórroga de sólo tres meses (vencerá a fin de mes). Sin embargo, organizaciones ambientalistas aseguran que Pacará Pintado triplicó su superficie original y no realiza el tratamiento correspondiente a los residuos urbanos que recibe.
Amén de la acción de amparo promovida por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales en el orden provincial, la Justicia Federal lleva adelante una investigación ante la posibilidad de que residuos sólidos o líquidos de la planta de tratamiento de Pacará Pintado contaminen las aguas del río Salí, que fluyen a unos 100 metros.
Precisamente, el eventual derrame de efluentes a un cauce conectado a un sistema hídrico interjurisdiccional (el Salí-Dulce, que desemboca en Las Termas de Río Hondo) es lo que justifica la competencia federal.
En la causa, interviene Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2, a partir de una actividad preventiva concretada el 31 de octubre de 2007 por Gendarmería Nacional, que alertó acerca de que en el lugar podrían violarse las disposiciones de la Ley 24.051 (de Residuos Peligrosos).
Al otro día, el juez subrogante ordenó un allanamiento destinado a constatar si la empresa Servicios y Construcciones La Banda contaba con las construcciones adecuadas para evitar el vertido de residuos a cursos de agua que derivan en otros de proyección interjurisdiccional. Además, Racedo quería saber si esas defensas, en caso de existir, servían para evitar el derrame durante las épocas de lluvia. La medida también apuntaba a determinar si la empresa, encargada de la recolección de residuos industriales y domiciliarios, disponía de una planta de tratamiento de residuos o, en caso contrario, dónde son volcados estos. Con tal fin autorizó a que fueran tomadas muestras líquidas y de desperdicios sedimentados, para efectuar los correspondientes análisis de laboratorio.
Intervención de la UNT
Racedo recibió un primer informe de la misma Gendarmería Nacional. Pero ahora dispuso otro, para que sea complementario del primero. Para eso, solicitó la intervención de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que envió los nombres de tres posibles ingenieros (Ricardo René Ferrari, Juan Ruiz y Pedro Jorge Albornoz) para que practiquen la importante pericia. Finalmente, la tarea les fue asignada a Ruiz y a Albornoz.
El miércoles pasado, por orden del juez subrogante, fue concretado un segundo allanamiento en Pacará Pintado a fin de que los profesionales de la UNT pudieran trabajar y responder los mismos interrogantes sobre la disposición final de los desechos. Racedo espera el informe de los ingenieros para disponer los próximos pasos de la investigación.
En forma paralela, el lunes, el juez provincial en lo Civil y Comercial Común de la III Nominación, Juan José Aráoz, concretó una inspección ocular teniendo en cuenta la causa promovida por la federación ambientalista.
Fecha de Publicación: 08/06/2008
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Preocupa que haya una posible contaminación de cauces afluentes a la cuenca Salí-Dulce. Racedo ordenó dos allanamientos ante la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos.
En 2004, en relación con la elección de Pacará Pintado para instalar una planta de tratamiendo de residuos, el Instituto de Geociencias y Medio Ambiente de la UNT había efectuado una seria advertencia. “El terreno escogido para repositorio de la basura presenta riesgos severos de inundación fluvial y riesgo grave de contaminación hidroquímica del río Salí”, alertaba.
El proyecto original era la producción de gas
En un predio que se iba a utilizar para la producción de gas hoy se arrojan 700 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos.
En el año 2000, la empresa canadiense Conestoga, Rovers & Associates (CRA World) fue la responsable del desarrollo del proyecto de Pacará Pintado, cuyo objetivo inicial era la implementación de un proyecto de investigación sobre la disminución de gases que provocan el efecto invernadero (GHG) en los países del Tercer Mundo. El proyecto sería desarrollado en dos años y preveía la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos con dos bioceldas productoras de gas metano. Para ello, el grupo empresario contaba con un aporte de U$S 1,2 millón que cedió el gobierno canadiense a través de sus diversas agencias de preservación del medio ambiente.
Con el tiempo, Pacará Pintado comenzó a recibir la basura proveniente de los municipios de Banda del Río Salí y de Yerba Buena. Pero en 2004, cuando la Justicia ordenó la clausura de la planta que la empresa 9 de Julio explotaba en Los Vázquez, el predio comenzó a recibir las más de 400 toneladas diarias de basura proveniente de la capital. Luego, se sumaron los desechos de Las Talitas y de Lules.
El Gobierno provincial asistió con $ 500.000 a la empresa Servicios y Construcciones La Banda para que realizara las inversiones necesarias en el predio de 12 hectáreas y le otorgó un apto ambiental hasta junio de 2007. Vencido ese certificado, en marzo de este año la Dirección de Medio Ambiente le concedió una prórroga de sólo tres meses (vencerá a fin de mes). Sin embargo, organizaciones ambientalistas aseguran que Pacará Pintado triplicó su superficie original y no realiza el tratamiento correspondiente a los residuos urbanos que recibe.
Amén de la acción de amparo promovida por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales en el orden provincial, la Justicia Federal lleva adelante una investigación ante la posibilidad de que residuos sólidos o líquidos de la planta de tratamiento de Pacará Pintado contaminen las aguas del río Salí, que fluyen a unos 100 metros.
Precisamente, el eventual derrame de efluentes a un cauce conectado a un sistema hídrico interjurisdiccional (el Salí-Dulce, que desemboca en Las Termas de Río Hondo) es lo que justifica la competencia federal.
En la causa, interviene Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2, a partir de una actividad preventiva concretada el 31 de octubre de 2007 por Gendarmería Nacional, que alertó acerca de que en el lugar podrían violarse las disposiciones de la Ley 24.051 (de Residuos Peligrosos).
Al otro día, el juez subrogante ordenó un allanamiento destinado a constatar si la empresa Servicios y Construcciones La Banda contaba con las construcciones adecuadas para evitar el vertido de residuos a cursos de agua que derivan en otros de proyección interjurisdiccional. Además, Racedo quería saber si esas defensas, en caso de existir, servían para evitar el derrame durante las épocas de lluvia. La medida también apuntaba a determinar si la empresa, encargada de la recolección de residuos industriales y domiciliarios, disponía de una planta de tratamiento de residuos o, en caso contrario, dónde son volcados estos. Con tal fin autorizó a que fueran tomadas muestras líquidas y de desperdicios sedimentados, para efectuar los correspondientes análisis de laboratorio.
Intervención de la UNT
Racedo recibió un primer informe de la misma Gendarmería Nacional. Pero ahora dispuso otro, para que sea complementario del primero. Para eso, solicitó la intervención de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que envió los nombres de tres posibles ingenieros (Ricardo René Ferrari, Juan Ruiz y Pedro Jorge Albornoz) para que practiquen la importante pericia. Finalmente, la tarea les fue asignada a Ruiz y a Albornoz.
El miércoles pasado, por orden del juez subrogante, fue concretado un segundo allanamiento en Pacará Pintado a fin de que los profesionales de la UNT pudieran trabajar y responder los mismos interrogantes sobre la disposición final de los desechos. Racedo espera el informe de los ingenieros para disponer los próximos pasos de la investigación.
En forma paralela, el lunes, el juez provincial en lo Civil y Comercial Común de la III Nominación, Juan José Aráoz, concretó una inspección ocular teniendo en cuenta la causa promovida por la federación ambientalista.
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