Embargo a campos que iniciaron el fuego

Piden embargar a los dueños de los campos que iniciaron el fuego

Fecha de Publicación: 23/04/2008
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Buenos Aires


El Gobierno dio un nuevo paso en la contienda contra los productores agropecuarios que iniciaron el fuego en el Delta del Paraná, que desde hace más de dos semanas afecta a millones de habitantes con el humo. Ayer, la titular de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, pidió la inhibición y un embargo preventivo por 201 millones de pesos sobre "los bienes inmuebles que resulten individualizados como los lugares en los que se hubieran iniciado las distintas quemas".
Con el patrocinio del procurador general de la Nación, Osvaldo Guglielmino, Picolotti se presentó como querellante en la causa iniciada por el Juzgado Federal Nº 1 de Campana. Además, reclamó "en carácter de urgente" que se libren oficios a los registros generales de la Propiedad Inmueble bonaerense, de Santa Fe y Entre Ríos, para que informen el dominio y los gravámenes de los inmuebles comprendidos en la zona en la que nacieron las quemas y donde aún se desarrollan. La funcionaria nacional pidió la inhibición general de los bienes "de las personas que resulten ser propietarios, poseedores o arrendatarios de los inmuebles en los que se establezca el inicio de las quemas".
De este modo, serán ahora el juez que entiende en la causa, Federico Faggionatto Márquez, y Ramiro González, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Ambientales, quienes deberán indagar en los hechos para determinar culpables. "Hay una denuncia, hay personas imputadas y está en manos de la Justicia", le comentó a Clarín una alta fuente del Gobierno vinculada al caso. No obstante, no trascendieron los nombres de los propietarios que podrían sufrir el embargo. La fuente consultada por este diario supuso que "debe de haber más que los tres prófugos y el procesado. Aunque habrá que distinguir dónde se inició el fuego para determinar quiénes son. Ahora vienen las pruebas y las pericias. Hay que indagar".
La presentación hecha por el Gobierno se basa en el artículo 30 de la Ley 25.675, que dispone que "producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado (...) el Estado nacional, provincial o municipal y asimismo quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente". "Los hechos denunciados y cuya investigación penal se ha instado oportunamente, han producido un grave daño ambiental de incidencia colectiva, pues afectan un bien colectivo, en este caso, el humedal del Delta", argumentó Picolotti.
El fiscal Ramírez también había pedido días atrás la inhibición de bienes de los imputados por estrago, en la causa iniciada por Picolotti y el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
En tanto, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, presentó ayer una nueva ampliación de su denuncia para que se determinen las responsabilidades que puedan corresponder en este caso.

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